El incremento de agresiones en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos no comenzó con este gobierno. Sin embargo, en lo que va de la actual administración en Los Cabos se han registrado hechos que pudieran ser vinculantes de delitos graves.
Sin embargo la procuración de justicia está muy lejos de la realidad.
El problema de la violencia en contra de los periodistas viene de muchos días atrás; de años y lustros atrás.
Pero no se trata de sólo protegerlos contra la violencia, se trata de ir más allá y proteger lo
Más sagrado que tiene el estado
De BCS “La democracia y la libertad de expresión”
El interés de apoyar a los que son la fuente más impórtate de información del ciudadano debe abarcar su seno de salud, educación y del periodista y su familia.
En estos tiempos de pandemia hemos visto que varios periodistas han perdido la batalla contra el COVID por no tener ni siquiera seguridad social que garantice la atención primaria de ellos y sus familias.
Urge implementar políticas públicas que abonen a una solución,o al menos a contener la violencia y salvar vidas.
Ahora bien, la discusión no debe centrarse en cuánto nos cuesta salvaguardar la vida en riesgo de los periodistas, sino en las condiciones que ofrece el Estado de BCS, en específico Los Cabos para ejercer la Libertad de Expresión sin que ello provoque hostigamiento, amenazas, cause daño psicológico o devenga en la muerte.
Un llamado a todos los actores políticos, para que pongamos en marcha el Fideicomiso que permita proteger “La fuente de la democracia y la justicia más impórtate de nuestro Estado.
Finalizó diciendo el líder social y empresario Alejandro Rojas