La noche del sábado 29 de febrero, el comunicador fue privado de la libertad y severamente golpeado por sujetos que, según una línea de investigación, podrían ser policías. La alcaldesa cabaña Armida Castro se quejó de la prensa crítica, pero no se refiere específicamente al caso. “Dime quién te está pagando para que publiques cosas en contra del gobierno municipal”, cuestionaron al agredido, cuando intentaban asesinarlo.
El comunicador y director del medio digital Sin Censura Noticias, Cristian Pérez Ojeda, recibió un cachazo en la cabeza y múltiples golpes en el rostro el sábado 29 de febrero del 2020 A decir del afectado, escuchó a sus agresores decir que lo privaron de la libertad para golpearlo, darle una lección y posteriormente privarlo de la vida, aunque esto último no lo consiguieron gracias a que huyó del lugar.
Aproximadamente a las 8:15 pm, Cristian y su esposa se dirigían a su negocio familiar ubicado en Bulevar Laurel y Flores, Colonia Las Veredas de San José del Cabo, donde se percató que dos individuos lo perseguían a bordo de una camioneta tipo Ford Escape color perla, quienes lo privaron de su libertad para posteriormente intentar asesinarlo.
Este es el mensaje con el que, según el comunicador, inició la amenaza de parte del Director de Comunicación Social, Héctor Miranda Burgueño
En eso vio cómo se acercaban dos tipos de complexión delgada, cada uno armado, uno portaba una pistola y otro un arma larga. Lo sujetaron del brazo y otro del cuello. Amenazado de muerte, Cris fue subido a la camioneta y partieron del lugar.
Violentando flagrantemente el Código Penal de Baja California Sur, el titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Juan José Zamorano Martínez, reveló parte del Informe Policial Homologado (IPH), el cual debe guardarse en sigilo procesal por tratarse de una investigación en curso.
“Recaba la información (el primer respondiente) y realiza su IPH, y lo que manifiesta la persona afectada, y eso es un informe que directamente se rinde tomado por el oficial primer respondiente, menciona el afectado que aproximadamente a las 20:15 horas, al ir saliendo de su casa, me abordó un sujeto al cual no ubico, y este me empezó a agredir a golpes para después retirarse, desconociendo hacia donde, ya que me quedé tirado en la banqueta, y fue cuando mis familiares me trajeron al hospital general para que me atendieran médicamente, deseo manifestar que desconozco el motivo por el cual me han agredido, es todo lo que tengo que manifestar, este IPH fue hecho en una entrevista a la persona afectada y está firmado por la persona afectada”.
El marino en activo y director de Seguridad Pública violentó el sigilo procesal, de entrada debe ser destituido del cargo, y de comprobarse que dicha versión se hizo pública y benefició a los agresores, se iniciaría un proceso por encubrimiento.
Ningún reportero presente en la rueda de prensa lo cuestionó, porque siendo servidor público estaba haciendo pública una declaración, siendo la más importante la de la víctima.
Además, el informe que brindó Zamorano Martínez incurre en falsedades, por ejemplo, el periodista fue agredido por dos personas y eso lo dicen varios testigos, fue abandonado a cinco kilómetros de su vivienda, secuestrado a dos cuadras de su casa, llegó por su cuenta, solicitó ayuda a dos jóvenes y la más importante: dos días después, el IPH no se había brindado a la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Otra irregularidad es que los tiempos no coinciden, como dice el director de Seguridad Pública de Los Cabos.
“El reporte que dio inicio a la movilización de atención a este evento fue una supuesta privación ilegal de la libertad, acudimos con el personal operativo inclusive aplicando este protocolo de patrullaje y atención cuando se presentan las tipo incidentes, se llegó al lugar en donde se tuvo conocimiento o que denunció el deportante, y al llegar al lugar nos informaron que la persona afectada ya había llegado a su domicilio, nos trasladamos al domicilio, y al llegar al domicilio nos dijeron que la persona ya estaba siendo atendida, que había sido conducida por familiares a la clínica de Chamizal”, indicó.
Acorde con el funcionario, tuvieron el reporte a las 20:15 horas, pero el personal de seguridad acudió cuando la víctima ya había regresado a su domicilio, lo cual hace pensar que acudieron al llamado de la privación ilegal de la libertad una hora y 45 minutos
La alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, no se refirió al caso en específico, incluso se dejó entrever que ella solo apoya a quien le parece ético y profesional:
“Nosotros condenamos la violencia hacia cualquier ciudadano, obviamente nos deslindamos absolutamente de ser parte de orquestar una situación así, más allá el respeto que he tenido y quiero seguir teniendo, y la excelente comunicación con todos los medios de comunicación, agradecerles el que puedan estar acompañándonos, verdaderamente informando, dando la cara; para mí eso es ética y profesionalismo, por supuesto que los respeto y respaldo”.
Con total nerviosismo dirigió unas palabras, incluso tuvo muchas equivocaciones al hablar. “De ninguna manera yo… yo… ese día lo que más sugería era que alguien le pidiera que hiciera una denuncia, para que puedan ser las instancias corre… correctas, las que hagan la información y deslinden o señalen a quien tengan que señalar, yo digo que ninguno de mis servidores públicos ni yo (se le va el aire) en persona, perdón… este… estaríamos haciendo daño. Al contrario, nuestro trabajo, nuestra labor es otra”, finalizó el edil cabaña.
Por su parte la Procuraduría General del Estado Encabezada por Daniel de La Rosa, no ha podido dar con los presuntos culpables, ni siquiera han cita a declarar al Capitán y director de Seguridad Publica de Los Cabos Juan José Zamorano, a la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán y al Director de Comunicación Social Héctor Miranda, actores intelectuales de este intento de asesinato y que hasta la fecha continúan libres, pues se habla que los agentes investigadores del caso y la agente del Ministerio publico asignada al caso Elizabeth Jiménez dieron carpetazo a este asunto el cual parece que ya quedo en el olvido,
Como medio periodístico hacemos un llamado al Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis para que este caso no quede encarpetado por los agentes investigadores, se castigue y de con los culpables de este intento de asesinato, el cual ya quedo en el olvido, encarpetado, como asociación periodística exigimos justicia para el compañero Cristian Pérez Ojeda, quien hasta la fecha ha sido objeto de múltiples atentados por parte de policías municipales al mando del Capitán Juan José Zamorano.
